El crimen de defender la vida

Sin embargo, hablar de violación de derechos en general en este país es de por sí complicado por la normalización de la violencia a la que hemos sido sometidas cotidianamente.

Pero, entonces, en este contexto ¿por qué es necesario hablar de la violación de estos derechos políticos, culturales y civiles? Porque la violación de estos, además de violentar la autodeterminación de los pueblos, es una afrenta a las cosmogonías Mayas y Xinka. Asimismo, es la perpetuación del continuum de exclusión de los pueblos originarios de Abya Yala.

Si bien es cierto que la violación sistemática de estos derechos se puede entender desde distintas áreas. En esta reflexión me centro en ilustrar como esta violación es la cristalización del racismo que le da, en parte, sentido a la violencia estructural en Guatemala que niega conocimientos, saberes y prácticas ancestrales.

Lo anterior se puede explicar desde las acciones del Estado guatemalteco que excluyen a los pueblos de los procesos de toma de decisiones y los limita en el ejercicio de su autonomía; incluso cuando utilizan el sistema legal formal para participar activamente en la vida política formal del país. Lo cual provoca, además de negar su existencia y todo lo que esto implica, invisibiliza las prácticas políticas-comunitarias dentro de las narrativas oficiales en nombre de la legalidad y el desarrollo. Además, que reduce los conocimientos ancestrales y los vínculos con los territorios a procesos burocráticos.

Asimismo, los escasos análisis decoloniales y antirracistas sobre cómo las narrativas racistas están incrustadas en las políticas estatales y cómo se han empleado en los territorios hace que sea difícil abordar de manera integral el racismo como una causa nodal de la violencia estructural que nos lleve a dimensionar las implicaciones que tiene en la práctica la violación/negación de derechos culturales, políticos y civiles que le dan sentido a nuestro ser y estar en un territorio dado.

Por lo tanto, el hecho de que el Estado guatemalteco invisibilice y criminalice las prácticas políticas Mayas y Xinkas es violencia estructural. Además, de ser un claro ejemplo de racismo que sostiene las relaciones de poder desiguales. Lo cual se ha traducido en la perpetuación de las desigualdades económicas, políticas, culturales y sociales. Igualmente, de aumentar el sufrimiento y la marginación de los pueblos. Sin omitir que la vulneración y violación del derecho cultural, político y civil en cuestión, también exacerba los conflictos históricos en un territorio determinado. Además, que sigue dañando las dinámicas naturales de nuestros seres y estares.

Por las razones anteriormente expuestas, es imperativo considerar como la negación del ejercicio de un derecho cultural, político y civil se da en la cotidianidad. Sin embargo, esta no puede hacerse desde un punto de vista académico y político moderno porque desde esta esfera se deja de lado la dominación y opresión como formas de violencia que complejizan las dinámicas socioculturales en el tiempo y en el espacio.

Para dar un ejemplo concreto, podemos traer a la memoria el emblemático caso de resistencia y lucha del pueblo Q’anjob’al. Este pueblo durante más de diez años resistió ante el intento de imposición de una hidroeléctrica sobre el río sagrado Q’an B’alam. Sin embargo, esto no hubiera sido necesario si todas las instituciones del Estado involucradas, desde la autorización de la licencia para la construcción de la central hidroeléctrica hasta la Corte de Constitucionalidad al reconocer la violación del derecho a la consulta, hubiera considerado las cosmogonías y racionalidades Maya Q’anjob’al en la toma de decisiones y de participación política. Lo que devino en implicaciones sobre cómo se entiende el continuo despojo del territorio que da lugar a la limitación de las oportunidades de vida y la constricción de derechos del pueblo Q’anjob’al.

Lo anterior fue promovido desde una narrativa fundacional racista que justifica la monopolización de los bienes naturales y la subyugación de los pueblos a través de la cristalización de ideas racistas en el imaginario social. Esto fue posible debido a la normalización de la violencia estructural y a que los procesos de despojo son considerados como parte de la política estatal. Esto es resultado de la dominación subjetiva que ha logrado ligar las narrativas dominantes con prácticas excluyentes que le dan sentido a las racionalidades racistas y desarrollistas con las prácticas racistas que invisibilizan y excluye sistemáticamente otras formas de vida. En el caso guatemalteco, esto ha significado que los pueblos Mayas y Xinka no sean tomados como sujetos activos en los procesos de toma de decisiones. Lo que ha devenido en la marginalización de los saberes y conocimientos ancestrales, además de la precarización de las condiciones materiales de vida que ponen en riesgo la continuidad histórica de los devenires de los pueblos.

Lo anterior me lleva al último punto de esta reflexión, la dominación como punto nodal de la acción estatal en la promoción de actos violentos por medios directos o estructurales contra los pueblos Mayas y Xinka para limitar o no permitir el libre ejercicio de derechos culturales, políticos y civiles. Este último punto se evidencia en los procesos de criminalización contra las prácticas político-culturales Mayas y Xinka. Se ha hecho, como ya lo mencioné, desde una narrativa racista que reduce la resistencia comunitaria a acción criminal, que invisibiliza las racionalidades Mayas y Xinka y la normalización de la criminalización legal que promueve procesos judiciales contra las personas y comunidades que se oponen a la imposición de megaproyectos. Lo cual, tiene como resultado, que nunca se reconozca, mucho menos se debata, sobre las motivaciones de la oposición o la negación sistemática de los derechos a la libre autodeterminación y la consulta previa, libre e informada que sea coherente con los devenires históricos de los pueblos.

Por estas razones, afirmo que, el no reconocimiento y vulneración de los derechos a la autodeterminación y de consulta basados en prácticas políticas ancestrales, entendidos como derechos culturales, políticos y civiles; son el resultado de la violencia sistemática contra un pueblo o un grupo social. Por lo tanto, es imperativo tener presente que los derechos culturales son amplios y complejos y en ningún momento tienen relación con el folklorismo elitista, estatal y gubernamental que parten de visiones esencialistas sobre los saberes y conocimientos ancestrales.

Sin embargo, antes de finalizar, quiero resaltar el hito histórico que alcanzó el pueblo Q’anjob’al a pesar de la negación al ejercicio de sus derechos. Logró detener y expulsar de su territorio a la empresa de capital español que quería imponer la construcción de una central hidroeléctrica sobre su río sagrado Q’an B’alam. ¡Un triunfo histórico!